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"Este documento es de importancia histórica, ya que relata la génesis de las aAutodefensas Unidas de Colombia, y tiene ese valor. Sin embargo, las realidades del conflicto colombiano son hoy un tanto diferentes al momento en que éste fue elaborado. Hoy la existencia de una autodefensa no se explica solo por la preexistencia de las guerrillas y otros grupos armados. Existen problemas estructurales del sistema económico, político, social y cultural de nuestro país que hacen posible nuestra sobrevivencia en el tiempo. Solo la superación de esos problemas estructurales nos hará desaparecer del escenario nacional.

EL TERCER ACTOR
Tomado de "Colombia Siglo XXI. Las Autodefensas y la paz"
Talleres Colombia Libre, diciembre de 1999
Itinerario de una historia de resistencia política y militar contra la prolongada agresión a la sociedad nacional.



A lo largo de nuestro accidentado proceso histórico, la vida de la Nación ha discurrido por múltiples fases de confrontación política, social o económica, determinadas por la pervivencia del fenómeno de la violencia como componente imprescindible de los conflictos. Hace ya una centuria que las generaciones de la época asistían a una de las más grandes conflagraciones civiles que caracterizaron el acontecer republicano del siglo XIX. En ese período histórico las guerras civiles, no obstante lo crueles, enfrentaban a ejércitos cuyos combatientes observaban, con sumo rigor ético, un mínimo de normas humanitarias ajenas al terrorismo, a la degradación y a la sevicia. Con el advenimiento del presente siglo, la dinámica de las primeras contiendas civiles, originadas principalmente en contradicciones de orden político partidista, tuvo, como escenario sustitutivo del campo de batalla, el ejercicio de la violencia, ya no por ejércitos, sino por numerosos grupos armados regionales: cuadrillas campesinas, guerrillas liberales, autodefensas comunistas y pandillas de bandoleros, los cuales desataron, a lo largo de varios lustros, infames actos de terror, violencia y depredación contra las comunidades, casi siempre por retaliaciones partidistas, con la anuencia de los caciques políticos y el patrocinio de la acción del propio Gobierno.
Dentro de este contexto, son particularmente célebres en la cronología de la violencia y del terrorismo los nombres de Efraín González, Chispas, Sangrenegra, Tirofijo, el Cóndor Lozano, Julio Guerra, Eduardo Franco, Desquite, Juan de la Cruz Varela; todos jefes de bandas armadas. Y con ellos los nombres no menos célebres de José Alvear Restrepo y Humberto Paredes, ideólogos del movimiento guerrillero de los Llanos Orientales comandado por Guadalupe Salcedo Unda.
En la sucesión macabra de escenas y actitudes de violencia política, protagonizada por los distintos grupos armados y por algunos sectores del establecimiento, aún permanecen vivos en la memoria colectiva dos episodios cuyo entrelazamiento resultó altamente sospechoso. En primer lugar, el famoso asalto a Ceilán y a San Rafael con un saldo de 178 muertos a finales de 1949; y, en segundo lugar, la posterior declaración del partido comunista anunciando la lucha armada de clases y la violencia organizada de las masas, notificación pública que le traería a Colombia interminables días de odios, dolor y desgracia.
De este modo la violencia política inauguraba una nueva etapa en el escalonamiento cualitativo y cuantitativo de la lucha armada, afectando de manera progresiva, profunda y grave a los sectores más débiles y vulnerables de la población. Para finales de la década de los años cincuenta, el acuerdo nacional entre la dirigencia de los partidos tradicionales significó nuevos y más radicales motivos de lucha a los movimientos armados. Estos movimientos se mantuvieron al margen del respaldo que las corrientes mayoritarias de opinión nacional le dieron a la estrategia del Frente Nacional como instrumento de superación de la violencia bipartidista.
Los movimientos armados, que fundamentalmente habían sido orientados por la ideología revolucionaria liberal, ahora recurrían a la tesis de la lucha de clases no sólo en defensa del derecho a la vida sino, además, en defensa de las banderas de la justicia social y económica que reclamaban amplios sectores de la sociedad. Superadas las rivalidades entre la alta dirigencia de los partidos, las razones de la prolongación de la violencia tuvieron como fuentes complementarias la problemática agraria, las pugnas por el control de las estructuras de poder local, las actividades revolucionarias guerrilleras, las incursiones por venganza y el bandolerismo. Sin embargo, la confrontación armada de aquella época muy excepcionalmente se planteaba entre facciones guerrilleras y fuerzas institucionales. Las acciones bélicas eran actos vandálicos, de barbarie y exterminio contra la población civil indefensa. Las numerosas víctimas que dejaron en los campos de batalla las guerras civiles del siglo pasado jamás pueden guardar proporción con el horror social que produjo la muerte violenta de más de doscientos mil colombianos entre 1946 y 1964, y el desplazamiento forzado de más de dos millones de colombianos.
La intensa violencia, asociada al derrumbe parcial del Estado y a las contradicciones políticas, sociales, económicas y culturales, se agudizó especialmente en las zonas afectadas por conflictos agrarios. Allí varias guerrillas liberales hicieron tránsito hacia las filas comunistas no amnistiadas, las cuales continuaron controlando extensas áreas a través de estructuras alternas de autoridad, conformando lo que más tarde se denominó como "repúblicas independientes", bajo la proclama comunista de: "... autodefensa de las masas para garantizar el trabajo pacífico y por la defensa de los derechos del pueblo contra toda clase de arbitrariedades".
De otra parte, el Frente Nacional que le puso fin a la contienda bipartidista liberal-conservadora, automáticamente dio comienzo a un proceso de unanimismo político, altamente generador de restricciones y exclusiones al régimen democrático, provocando el surgimiento de identidades y actitudes políticas contestatarias que, a la postre, darían origen a las organizaciones guerrilleras de las FARC, Eln, M-19 y Epl.
La acumulación explosiva de las demandas sociales insatisfechas, el rechazo al acuerdo entre los partidos tradicionales interpretado como negación a la diversidad y pluralidad política, cultural e ideológica de la sociedad, la enorme influencia del triunfo de la Revolución Cubana en los procesos revolucionarios de toda América Latina, el avance de los movimientos de liberación y descolonización en el mundo entero, la marginalización y condición de extrema miseria de amplios sectores de la población, la irrupción de los movimientos campesino, estudiantil, obrero e indígena, más la represión oficial fueron, entre otros factores, los componentes estructurales del escenario sobre el cual entrarían a actuar los protagonistas del nuevo levantamiento armado, en nombre del pueblo, contra los oficiantes del poder.
El alzamiento en armas contra un opresivo e injusto orden social y político es apenas la consecuencia inevitable a que se ve abocada una sociedad para la cual la violencia devino en último recurso, dirigido a alcanzar un fin potencialmente realizable. En este caso, la indolencia del Estado y la crisis de gobernabilidad, conllevan a que las contradicciones de la sociedad tengan, como único instrumento de resolución, el escenario de la guerra. Esta válida percepción movilizó enormes corrientes de opinión pública, de la más variada extracción y condición, a favor del proyecto revolucionario expresado en los movimientos guerrilleros que surgieron en los comienzos de la década de los años sesenta.
Como la afirma Marc Chernik, la violencia se difundió debido a una confluencia de condiciones estructurales, institucionales y sociales que inflamaron las hostilidades sociales, acentuaron las inquietudes y estimularon el derramamiento de sangre. Tras los contornos de la violencia política en Colombia yace una guerra social, que se libra sobre todo en las áreas rurales, que ha asolado al país durante buena parte del siglo XX, y que se constituye en el telón de fondo de la lucha armada subversiva a través de la cual el mito guerrillero se confundía con los ímpetus de justicia, igualdad y fraternidad simbolizados en el fusil, el himno y la bandera de la liberación que se agitaba en las montañas del Sumapaz, el sur del Tolima, en las vertientes del Carare-Opón, en el Magdalena Medio. Intelectuales, políticos y artistas exaltaron en sus obras y cantos el ascetismo, sacrificio y valor de quienes ofrendaban anticipadamente la vida por la transformación del Estado y la instauración de una sociedad más justa.
Esta etapa, que podríamos denominar de romanticismo guerrillero, no permeó siquiera la epidermis de las élites oligárquicas en el poder. El Estado deliberadamente ignoró las causas objetivas del conflicto que continuó progresivamente su curso violento. Como actores políticos, las guerrillas fueron sustituyendo a los actores sociales y destruyendo identidades políticas ajenas al ideario revolucionario de su proyecto armado. El antagonista político o social no era el contradictor al que se podía convencer por la dialéctica de la razón, sino un peligroso reaccionario al que había que eliminar por ser enemigo de la revolución armada. Paradójicamente, las guerrillas impidieron el desarrollo del movimiento social asumiendo, a través de la lógica de la lucha armada, reivindicaciones que se ubicaban más allá del espectro de las propias demandas del movimiento social. Este copamiento confiscatorio de los espacios de las luchas sociales, propios de los sectores democráticos, socavó los soportes políticos de las guerrillas provocando una deserción de intelectuales, artistas, profesionales, estudiantes, líderes sindicales, activistas populares, dirigentes de la clase media, que en gran medida habían simpatizado o aportado al movimiento insurgente armado. El aislamiento paulatino de su base social histórica condujo a la guerrilla a expandir su presencia militar hacia territorios de colonización y zonas estratégicas para la economía nacional. La efectividad de los mecanismos de apoyo logístico para la provisión de abastecimientos y recursos de financiamiento guerrillero no dependería, en lo sucesivo, de una economía de subsistencia basada en las relaciones de simpatía y pertenencia con la población civil, sino de la más sofisticada economía de tributación extorsiva, frente a la cual la respuesta represiva del Estado resultaría evidentemente ineficaz por carencia de voluntad política, autoridad y cumplida administración de justicia.
En procura de reconstituir su deteriorado escenario político, las guerrillas pretenden equivocadamente presionar la construcción de identidades colectivas a partir de un esquema de priorización de lo militar sobre lo político, dando lugar a un proceso de expansionismo armado inversamente proporcional a los espacios de arraigo social que paulatinamente perdían. De esta manera, el divorcio creciente entre el acumulado militar y el referente político favorecería las tentaciones terroristas expresadas en la proliferación y rutinización de conductas criminales como el secuestro extorsivo, los asaltos genocidas, los atentados dinamiteros y el incremento exponencial de la actividad del narcotráfico; prácticas que han convertido a la guerrilla en un grande, eficiente y lucrativo consorcio del crimen, extendido y consolidado en múltiples zonas del territorio nacional, a la sombra de un Estado ineficiente e inoperante.
La ruptura de las responsabilidades anexas a las obligaciones que dimanan del contrato social que le dio origen colapsó las relaciones entre el Estado y la sociedad hasta el extremo de tolerar el desplazamiento del ejercicio legítimo de su propia soberanía al arbitrio de los intereses de actores subversivos armados. Estas porciones de soberanía arrebatadas al Estado deslegitiman su naturaleza al tiempo que se generan peligrosamente nuevos escenarios de confrontación política y militar en los que necesariamente aparecerían, como en efecto ocurrió, otros actores que inevitablemente le imprimirían al conflicto una dinámica de desinstitucionalización y multipolarización.
La combinación del delito político con las prácticas criminales y terroristas contra la población civil indefensa conduce al proceso de bandolerización de la guerra, asociado al repudio social que estas conductas aberrantes generan en el cuerpo de la Nación. El espectáculo cotidiano del infame delito del secuestro extorsivo; los atentados terroristas contra la infraestructura productiva; el asalto criminal a poblaciones y caseríos; el enorme saldo de víctimas desolladas, mutiladas e incineradas; la suma interminable de cuerpos lisiados por las minas antipersonales; el arrasamiento de escuelas, puestos de salud, templos y viviendas humildes; el pillaje a instituciones sociales de crédito; el saqueo extorsivo de los dineros del presupuesto público de los municipios y departamentos; el reclutamiento forzoso de niños, las torturas, ejecuciones sumarias y operaciones de castigo contra comunidades y adversarios políticos: de todas estas aberraciones criminales ha sido víctima durante cuarenta años el pueblo colombiano, por causa de una guerrilla que, bajo el designio de "luchar" contra la injusticia social y económica, ha ahogado en sangre inocente y sumido en absoluta miseria a centenares de miles de compatriotas. No es posible que por medios de demencial ferocidad se busque la conquista de un fin, cuya bondad jamás compensaría el horror y la crueldad soportados por la sociedad.
La violencia y la exacerbación del terror son características definitorias de una máquina de guerra, desprovista de cualquier ropaje social. A esta condición quedó reducida la guerrilla en Colombia a partir de la década de los años ochenta, cuando rectificaron la teoría marxista de la combinación de todas las formas de lucha, para privilegiar la guerra de agresión como única forma de lucha a nombre del pueblo, pero contra el pueblo. Este fatal error histórico terminó por extraviar y pervertir el ideario revolucionario guerrillero, despertando en la conciencia de la Nación un sentimiento de resistencia patriótica tan asociado a esa natural aversión de los colombianos a la opresión.
Las guerrillas colombianas, cuyo origen se remonta a la resistencia campesina de los años cincuenta, a partir de la década de los años ochenta son destinatarias del mismo fenómeno que acompañó su surgimiento, pero ahora en contra de sus intereses criminales por su condición de victimarios y verdugos del pueblo. Ante la inoperancia del aparato estatal, en algunas regiones los campesinos y colonos se organizaron como grupos de choque con el propósito de enfrentar el permanente acecho extorsivo de que eran víctimas. En otras zonas, ganaderos y agricultores privados de la posibilidad de visitar sus haciendas conformaron agrupaciones armadas que les brindaran seguridad; lo propio hicieron muchos empresarios agroindustriales, comerciantes y mineros que no obtuvieron audiencia por parte de las autoridades en sus demandas de protección para la empresa y sus trabajadores. Así mismo, otras comunidades se organizaron de diversas maneras para dirimir sus propios conflictos, ante la ausencia de las autoridades judiciales del Estado; y en muchas aldeas y corregimientos pequeños, absolutamente vulnerables a la acción de la delincuencia, los habitantes, abandonados a su suerte, organizaron rondas de patrulleros rurales como único y último recurso para proveerse su propia seguridad. Del mismo modo, en distintas ciudades del País numerosas familias y grupos sociales, gravemente golpeados por las persistentes acciones criminales de la guerrilla y la delincuencia común, optaron, en última instancia, por darle vía libre a respuestas de facto ante la rampante impunidad del aparato judicial para perseguir y castigar a asesinos, ladrones y secuestradores.
La defección en las filas guerrilleras tuvo también su cuota en el proceso de resurgimiento organizado de la resistencia civil en armas. En efecto, guerrilleros de diferentes procedencias grupales huyeron de sus organizaciones por decepción, por temor a las purgas internas o por otras razones y pasaron a integrar movimientos civiles antisubversivos.
De otra parte, El estatuto orgánico para la defensa nacional, de 1965, vigente hasta finales de los años ochenta, estableció la viabilidad y licitud de la conformación de grupos de autodefensa. Siguiendo la dirección de estos lineamientos legales, algunos sectores de las fuerzas militares desarrollaron un proyecto de restauración y preservación del orden público a partir de la conformación de grupos de autodefensa locales con la correspondiente expedición de los salvoconductos para el porte de armas de uso privativo, perfectamente previstos en el mencionado estatuto. Igualmente se adelantó la creación de comités civiles regionales para la obtención de información y documentación. En el contexto de este proceso disperso y anárquico de múltiples surgimientos de expresiones no institucionales de violencia, hizo también aparición el aparato armado de escoltas, sicarios y terroristas del narcotráfico, para defender intereses económicos, muchos de los cuales estaban en disputa con los intereses de facciones guerrilleras fuertemente comprometidas en el negocio ilícito de las drogas.
Es en el campo de la confluencia de acciones de la delincuencia política, de la delincuencia común y de la impunidad del Estado donde se genera el caldo de cultivo que permite el surgimiento espontáneo de estas expresiones no institucionales de respuesta civil armada.
Circunstancias muy locales y, por consiguiente, inconexas y extrañas a los procesos de resistencia política armada, desarrollados en otros países como Afganistán, Nicaragua, El Salvador, Angola, Mozambique y Guatemala, entre otros; escenarios donde estuvieron fundamentalmente en juego los intereses bipolares y estratégicos propios de la guerra fría. En Colombia, el significativo apoyo de Cuba, la antigua Unión Soviética y Nicaragua a las guerrillas no tuvo ninguna incidencia importante en lo atinente a las causas que originaron y acompañaron las diversas manifestaciones del fenómeno socio-político que nos ocupa.
En lo sucesivo, la creciente militarización de la vida de la sociedad colombiana, caracterizada por un Estado cada vez más ausente, conduciría a invertir los términos de una guerra de agresión en una guerra de confrontación, que finalmente llevaría a aglutinar los procesos dispersos de resistencia civil regional, en un proyecto nacional de fuerzas irregulares antisubversivas, con exclusión de las expresiones armadas con intereses ajenos a la naturaleza del derecho de defensa individual y colectivo.
Cerrado y superado el capítulo de la nociva infiltración e intervención de los intereses del narcotráfico en el proceso de conformación y consolidación de la primera forma de organización del movimiento de las autodefensas campesinas en la región del Magdalena Medio, la misma dinámica de la guerra, retroalimentada por la frustración de los fracasados procesos de paz con las principales organizaciones guerrilleras, induciría a la reconstrucción y fortalecimiento del movimiento de autodefensas campesinas, esta vez, desde los estremecidos escenarios de Urabá, donde la degradación criminal de la guerra subversiva amenazaba extender el dominio del terror a todo el territorio nacional.
La aceptación y solidaridad regionales al proyecto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, constituyeron el escenario social a través del cual la organización militar allanó el espacio político indispensable en el proceso de construcción de identidades políticas colectivas que reafirmarían la consolidación, proyección y expansión del Movimiento de lo regional hacia lo nacional. Tal proceso, de inocultable costo social por las contingencias crueles de una guerra en la que al actor subversivo no se resignaba a desalojar sus nichos históricos, se articuló a un proyecto de reactivación económica y social financiado por las fuerzas productivas reincorporadas a la región después de un largo período de ostracismo y proscripción.
Ganaderos, agricultores, comerciantes, campesinos, aparceros, colonos, artesanos, profesionales, estudiantes, mineros, pescadores y, en fin, la más variada gama del universo humano agrupado en múltiples organizaciones sociales acometió la titánica tarea de reconstrucción y dignificación de la vida regional: se levantaron escuelas, colegios, puestos de salud, viviendas, campos deportivos y templos sobre las ruinas aún humeantes de caseríos y poblados; se construyeron puentes y centenares de kilómetros de carretera; se delimitaron parques de reserva forestal con la compra de predios y la reubicación de los campesinos en otras zonas; se recuperaron lagunas, ciénagas y fuentes naturales; se adelantaron campañas de planificación familiar; se implementó un programa de empleo campesino, gracias a la adjudicación de más de 20.000 hectáreas de tierra para el cultivo y pastoreo; se construyeron diques y trinchos para evitar las inundaciones en invierno y sequías en las estaciones de verano; se organizaron cooperativas para la comercialización y transporte de los productos agrícolas; se pacificaron las relaciones entre el capital y el trabajo dentro de un claro concepto de justicia laboral y cordiales vínculos obrero-patronales. Después de tal labor, los procesos de la democracia política se desarrollan en un marco de respeto, pluralidad, tolerancia y solidaridad. El olvido de la tragedia del pasado canceló odios y sentimientos vindicativos entre las comunidades y los guerrilleros reinsertados. La paz reverdeció silvestre en los campos promisorios del Urabá, desde donde las manos laboriosas de los campesinos construyen, día a día, la grandeza de Colombia.
El fortalecimiento del escenario social y político del movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, como vanguardia de la organización militar generó la progresiva construcción de un proyecto político alternativo portador de una agenda de propuestas encaminadas hacia un modelo de sociedad y de Estado, a través del cual la transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales abriera espacios hacia la remoción de las causas objetivas que le dieron origen y pervivencia al fenómeno del conflicto armado interno. Resulta incuestionable que, mientras subsistan elementos de terrible insatisfacción popular, los actores armados dispondrán de pretextos o motivos para persistir o agravar cada vez más la confrontación, causando mayores desgracias y sufrimientos sobre la población que aquellos derivados de los problemas insolutos que le dieron origen a la contienda civil.
Es impostergable destituir a la guerra de los motivos y pretextos que la potencian. Pero ello no es posible si se privilegia un proceso de exclusión en la solución política del conflicto que sustraiga del análisis, del debate y de la participación a quienes son parte integral de la confrontación por la representación que amplios sectores sociales les han confiado. En este sentido se ha expresado el historiador Gonzalo Sánchez afirmando que "...Hoy en día, el proceso de paz se ha hecho mucho más complejo que en las guerras anteriores, por un motivo adicional: en una negociación realista, sólida y definitiva el Estado no es interlocutor exclusivo de una insurgencia también fragmentada; la eventual reconciliación involucra, tiene que involucrar, a otros poderes locales o regionales, incluidas las Autodefensas, y por supuesto a todos los grupos guerrilleros que siguen activos".
La instrumentalización de la violencia dirigida a la imposición de un proyecto político ajeno a la postura ideológica de una inmensa mayoría de colombianos, le ha otorgado al proyecto político de las ACCU un enorme respaldo social, que trascendió el ámbito local de su influencia para avanzar hacia espacios de integración con otras organizaciones de autodefensas regionales, con las cuales se consolidó la Unidad Nacional de lucha antisubversiva, bajo la divisa de la defensa de la democracia, la justicia social y económica, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Sobre este marco ideológico y político surgió el Movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
II. Alianza por la unidad de Colombia. Un proyecto político hacia la paz con democracia integral y equilibrio social.
En Colombia, la acentuada militarización de la vida política ocasionada por el rompimiento institucional de los lazos de regulación social, devino un proceso de invasión, deslegitimación o sustitución de las funciones del Estado en el campo del monopolio de la justicia, del monopolio de las armas y del ejercicio de autoridad. Estos vacíos del Estado, asociados a situaciones inveteradas de injusticia social, de corrupción institucional, de impunidad, de erosión de solidaridades nacionales, entre otros, propiciaron la irrupción de proyectos político-militares alternativos, orientados hacia la adopción de un nuevo modelo de Estado afín con la solución a las problemáticas del país. Desde esta perspectiva resulta absolutamente equivocado afirmar que el proyecto político-militar de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se desarrolla dentro de una lógica de defensa al actual modelo de Estado, cuando precisamente las falencias, fallas y vacíos imputables a este modelo, originaron la eclosión del movimiento de autodefensas en el marco de la actual confrontación armada.
Afirmamos que el conflicto socio-político plantea, entre los actores irregulares, la disyuntiva de dos concepciones de Estado, dentro de las cuales están en juego los conceptos de tradición, democracia, propiedad, igualdad, libertad, unidad nacional, proteccionismo, privatización, nacionalización y justicia como pilares fundamentales del pensamiento político, económico y social sobre el cual se construye un nuevo modelo de Estado y sociedad. Esta perspectiva, orientadora de nuestro movimiento político en la actual confrontación militar, nos otorga la condición de interlocución legítima en cualquier proceso de negociación que tenga como fin la desactivación de la guerra, el logro de la paz social y el establecimiento de un nuevo orden institucional.
El pensamiento político del movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, columna vertebral del proyecto político de las Autodefensas Unidas de Colombia, promueve la construcción de la democracia integral como referente fundamental del proceso de transformación de las estructuras político-económicas y sociales del Estado. El imaginario colectivo erige el concepto de democracia integral sobre tres percepciones básicas: pluralidad política, equidad económica y justicia social. Estos valores constructivos de sociedad y democracia son componentes previos y fundacionales de la paz en la que todos estamos comprometidos. Con mucha razón afirmaba el historiados Marcos Palacios que "el problema del país no es la paz, entendida como final del enfrentameinto Estado-guerrillas-autodefensas, sino que el problema de fondo es un gran déficit de ‘construcción democrática' y de representación ciudadana para que todos los sectores, incluso los que no tienen poder económico, ni capacidad de presión sobre la política tengan derecho a participar en la toma de decisiones y en el rumbo de la construcción nacional". Es difícil aceptar, según la percepción lúcida del historiador Palacios, "que dentro de los límites de una democracia liberal representativa, temas de fondo concernientes al futuro de Colombia como nación, sean seleccionados y precocidos en reuniones a puerta cerrada del Estado y las guerrillas, así vengan avalados por la llamada sociedad civil". Concluye el citado profesor que "la discusión de la agenda democrática debe ser un ‘acuerdo nacional', puesto que la mayoría de los temas de la reforma, como son, por ejemplo, los que figuran en los diez puntos de la plataforma de las Farc, afectan de tal modo el presente y el futuro de los colombianos que no se comprende cómo una élite guerrillera de un lado de la mesa, y una élite gubernamental del otro, decidan sobre estas cuestiones".
Por ejemplo: lo anterior confirma que el concepto filosófico y ético de la democracia ha estado muy distante de la realidad política expresada en el ejercicio de la función pública en Colombia. La exclusión, la violencia, la corrupción, la ineficiencia, la represión, la debilidad, la interdependencia entre poderes, el estatismo..., han desnaturalizado la esencia del Estado. Asistimos a una reedición histórica del derrumbe parcial de las instituciones, que explica el rompimiento del tejido social, colapsado por formas privadas y arbitrarias de dominio, intimidación o autoritarismo como sucedáneas del Estado semi-existente.
El sellamiento de un nuevo pacto social ha de formalizar la transformación profunda del Estado, a partir de la reducción y replanteamiento del ámbito de sus funciones, que le aseguren la democratización de sus instituciones bajo un esquema de eficiente prestación de los servicios públicos con altos rendimientos sociales. La extensión de la esfera pública, para atender renglones propios de los sectores económicos y sociales privados, ha incentivado la corrupción, la burocratización y el clientelismo, al tiempo que ha generado los altos índices de ineficiencia del Estado en el cumplimiento de las tareas afines a su naturaleza. Las tesis estatistas, defendidas por los sectores guerrilleros y otras corrientes de opinión, se colocan en contravía de su propio discurso cuando, en el mismo, responsabilizan al Estado de negligente, incompetente e inepto en el cumplimiento de las complejas y múltiples gestiones, que ellos defienden como atributos que el Estado no debe delegar o entregar.
La orientación de recursos del Estado hacia los sectores sociales más vulnerables representa sumas cada vez menores, respecto de las cuantiosas transferencias dispuestas por los gobiernos para sufragar el permanente déficit que acusan los establecimientos financieros, industriales y comerciales del Estado, sometidos al más inescrupuloso saqueo por parte de funcionarios públicos para provecho personal o de sus clientelas políticas. Los registros estadísticos reveladores del desgreño administrativo y financiero del Estado imponen el cambio de rumbo y de tamaño en nuestra institucionalidad pública, sin perjuicio de los reparos y objeciones que al proceso privatizador (referido a la venta de activos y al desmonte de empresas estatales) y de reformas al sector público hemos formulado en nuestra agenda de propuestas para un nuevo país.
El proceso de globalización ha determinado cambios estructurales en la economía política mundial, circunstancia de la que no puede sustraerse el país, y por lo cual se impone la construcción de un nuevo Estado moderno y democrático, gestor y propulsor de un proyecto económico y social que garantice el desarrollo armónico de las fuerzas productivas en un marco de bienestar y convivencia social. En este contexto, la redefinición del papel del Estado y de sus instancias de acción favorecerán la eficiencia en el desempeño de las tareas consecuentes con su esencia y naturaleza, como son: la preservación del orden interno y la soberanía nacional; la administración de justicia; la defensa de interés colectivo frente al comportamiento de los agentes económicos del mercado; la protección de los derechos y libertades públicas; la atención del gasto social en los sectores de salud, educación, vivienda y seguridad social; la provisión de bienes y servicios sobre los cuales el capital privado no está interesado en invertir; el estímulo e impulso a las actividades del sector privado concentrando esfuerzos en la construcción de infraestructura productiva. De esta manera avanzaríamos en la dirección propuesta por el maestro Jorge Garay cuando afirma que "... para poder desempeñar con propiedad su papel social, a esta altura del procesos de globalización, el Estado debe erigirse como institución social legítima, representativa, sólida, eficaz y funcional bajo una nueva lógica política y económica, sujeta a un activo escrutinio por parte de la sociedad".
El tamaño hipertrófico del Estado condujo a una indeseable deformación del sector público que lo llevó a ocuparse de actividades ajenas a los lineamientos de la teoría general del Estado. Esta circunstancia debilitó su acción en materia de indelegable naturaleza como la seguridad, la inversión social y la justicia, actividades en las que se concentra el ser y la esencia del Estado. Este debilitamiento llevó no sólo a la distracción y desvío de los recursos públicos hacia sectores productivos que con mayor probidad y eficiencia podía desarrollar el sector privado, sino también a su aprovechamiento millonario a través de las más sofisticadas y depravadas formas de corrupción administrativa. Debo anotar que el abandono y el descuido estructural del Estado en áreas tan importantes y decisivas para su estabilidad y legitimidad, como las descritas, necesariamente provocaron la ruptura de la relación entre los sentidos de pertenencia, solidaridad y acatamiento en la ecuación Estado-sociedad; ruptura expresada en el desmoronamiento y frustración del concepto de justicia en la conciencia colectiva y en la adopción de formas autónomas de defensa en el seno de la comunidad amenazada por disímiles manifestaciones de violencia y miseria.
A esta altura, la concepción estatista defendida por las guerrillas de las Farc y el Eln, dirigida a la construcción de un Estado monopolista, nacionalizador, autárquico, burocrático, centralizador, autoritario y elefantiásico representa la adopción de un modelo regresivo que hizo crisis con la estrepitosa caída del Socialismo, cuyo fracaso no fue el producto de una guerra de agresión, sino la inexorable consecuencia de su impotencia, ineficacia e incompetencia para resolver los problemas vitales de una sociedad víctima de imposición violenta de ese sistema. Este aleccionador capítulo, de una historia superada por la humanidad, pretende ser revivido ahora bajo innombrables formas de terror por los sobrevivientes nostálgicos del marxismo.
El pensamiento político de las AUC, encarnado en el proyecto de renovación y reestructuración del Estado, se condensa en la formulación de un glosario de propuestas encaminadas a reconciliar la democracia económica con la democracia política para la promoción del equilibrio social. En este sentido, nos distanciamos de las posturas socialistas de la subversión, que apuntan hacia el terreno de las conquistas hipotéticas de la igualdad ahogando la libertad, a través del peregrino cuento de la dictadura del proletariado, que no es más que la tiranía militar de la aristocracia política obrera en el poder, representando los intereses de los cuadros dirigentes del partido y no del pueblo. A nombre del dios-Estado destruyen la tradición y conciencia política de la libertad, poniendo en práctica sus pretendidas teorías igualitarias por medio de un proceso económico represivo de abolición de la riqueza, para repartir pobreza por igual, del tipo Cuba, la ex Unión Soviética, Ex Alemania Oriental, Vietnam del Norte y Camboya, países donde los únicos ricos fueron y son los dirigentes del Partido Comunista y del Gobierno, que llevaron y llevan un tren de vida similar al de los magnates petroleros árabes y norteamericanos, mientras proliferan el hambre y la miseria del pueblo. Dejamos claro que no transigiremos jamás con dictaduras militares de izquierda o de derecha, ni defenderemos un Estado fuertemente intervencionista en las relaciones sociales y económicas. Propugnamos por un capitalismo con rostro humano que respete y garantice la libertad de mercados, la libre iniciativa empresarial y el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, sin eximir del ámbito de las obligaciones de la esfera pública la responsabilidad de intervención que en el campo social, o excepcionalmente económico, le compete al Estado generador de equidad y solidaridad, esto es, justicia social.
El concepto de justicia social, asociado a la idea del Estado de bienestar, dista de la equivocada concepción del Estado paternalista oferente de recursos gratuitos sin ninguna contraprestación. Percibimos la justicia social como un interés supremo, inherente al Estado y a la sociedad, de propender por la disminución de los niveles de desigualdad como elemento potencialmente disgregativo de la cohesión social. La concentración de la riqueza, las brutales diferencias del ingreso, la concesión de privilegios, la inequitativa distribución de los medios de producción, las abismales diferencias en el derecho al acceso a los bienes y servicios públicos, el usufructo o desvío del gasto público o social, la explotación del recurso humano, entre otros factores, revelan una situación de indolencia del Estado y de la sociedad altamente generadora de conflictos sociales.
La dualidad Estado-sociedad, como compromisaria de la justicia social, supone además la construcción solidaria de un nuevo orden social con expresiones cada vez más amplias de democracia real. De este modo, la combinación privado-colectivo-público trascendería el nexo meramente electoral para avanzar no sólo hacia renovadas formas de participación en la gestión pública, sino hacia la construcción de organización social con variadas expresiones de promoción o defensa de intereses colectivos. Como dice Norberto Bobbio: "... el proceso de ampliación de la democracia en la sociedad moderna no se presenta solamente a través de la integración de la democracia representativa con la democracia directa, sino también, y sobre todo, mediante la extensión de la democratización, entendida como institución y ejercicio de procedimientos que permitan la participación de los interesados en las deliberaciones de un cuerpo colectivo, en cuerpos diferentes de los políticos... Si se debe hablar hoy de un desarrollo de la democracia, éste no consiste tanto, como frecuentemente se dice por error, en la sustitución de la democracia representativa por la democracia directa, sino en el paso de la democracia en la esfera política, es decir, en la esfera en que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a la democracia en la esfera social, donde el individuo es tomado en cuenta en la multiplicidad de su status...Hoy, quien quiera tener un indicador del desarrollo democrático de un país, ya no debe considerar el número de personas que tienen derecho al voto, sino el número de lugares diferentes de los tradicionalmente políticos en los que se ejerce el derecho al voto". En las economías comunistas de Europa del Este y Cuba el exclusivista y enorme poder estatal ahogó toda tentativa de organización de la sociedad civil. A la ausencia de democracia política se agregó la ausencia de democracia social.
III. El proceso aperturista hacia la globalización
La creciente integración transnacional del mundo comprometió nuestro propio modelo de desarrollo en el proceso de inserción de la economía a los mercados externos.
En Colombia, el acentuado proteccionismo, la ilimitada intervención del Estado, el endeudamiento interno y externo, el desequilibrio fiscal cambiario, comercial y monetario, entre otros factores, favorecieron la formación de monopolios, detuvieron el crecimiento económico, propiciaron la corrupción, elevaron los índices de descomposición social; aspectos que dificultaban el camino hacia los nuevos escenarios de la globalización capitalista imperante. Muchas de las tentativas gubernamentales para remover estos obstáculos y allanar espacios hacia el proceso de integración económica, ofrecen, desde la óptica de nuestro pensamiento político, serios reparos habida consideración de algunas medidas aperturistas y ajustes en la economía, adoptados por los gobiernos, que causaron graves daños al aparato productivo nacional al generar efectos contrarios al propósito inicial de lograr una inserción exitosa en los mercados mundiales.
El proyecto de modelo de desarrollo económico de las AUC formula los siguientes señalamientos al paquete de modelo aperturista que se ha mantenido:
Provocó la quiebra del sector agropecuario y debilitó hasta el extremo a la pequeña y mediana industria.
La libertad indiscriminada de importaciones abrió las fronteras económicas, sorprendiendo en estado de indefensión a los sectores del aparato productivo sin capacidad exportadora.
Desencadenó una oleada de concordatos y quiebras que aumentaron el desempleo, incrementaron la inestabilidad laboral y redujeron notablemente los niveles del salario.
La expansión de la modalidad del trabajo subcontratado redujo los niveles de seguridad social y fragmentó el movimiento obrero.
Los recursos provenientes de la venta de activos del Estado no se orientaron hacia la inversión social y, menos aún, hacia el fortalecimiento del mercado interno. En este aspecto es notorio el deterioro en los sectores de salud y educación.
Se favorecieron los intereses económicos y comerciales de los monopolios industriales y financieros.
Los procesos de reconversión industrial se limitaron a los grandes oligopolios.
La libertad financiera favoreció la especulación y la concentración de capital.
Estos antecedentes constituyen el resultado de un proceso aperturista, implementado en el entorno de un escenario macroeconómico bajo los auspicios de la más absurda improvisación. Resulta innegable que la economía del país fue sometida drásticamente a competir en el mercado internacional en condiciones de precariedad y debilidad absolutas, sin una previa preparación, ordenamiento y fortalecimiento del mercado interno a través de la incorporación de capitales, de tecnología e investigación, de infraestructura pública y, sobre todo, de la capacitación y calificación del recurso humano, que aseguraran niveles de productividad y competitividad similares a los del mercado externo.
El pensamiento económico, guía del proyecto de modelo de desarrollo de las AUC, se fundamenta en los siguientes postulados rectores:
La intervención social del Estado tiene en el estado de bienestar su máxima expresión de justicia social.
El grado de desarrollo del mercado interno corresponde al grado de desarrollo de la economía de un país.
Defendemos la libre empresa, dentro de un marco de preservación de los regímenes excepcionales de intervención estatal, contra las nocivas tendencias monopolísticas y oligopolísticas.
Los mecanismos básicos de defensa de la economía nacional deben orientarse hacia la promoción de la libre competencia y hacia el estímulo de las actividades productivas del sector privado.
El desarrollo del sector agropecuario e industrial debe ser previo y prioritario al proceso de incorporación del mercado interno a la competencia internacional.
El intervencionismo excesivo obstaculiza el proceso de internacionalización de la economía. De la misma manera como la apertura drástica, indiscriminada e improvisada lesiona de manera grave el mercado interno.
La liberación de las fuerzas del mercado exige un Estado moderno, funcional y democrático; la participación de una sociedad organizada, ahorradora y solidaria; la prevalencia de un régimen económico equitativo y la implantación de un orden social justo.
Los recursos provenientes de la venta de activos del Estado deben orientarse hacia el gasto social y al fortalecimiento del aparato productivo de los sectores agropecuario e industrial. Las privatizaciones de las empresas estatales no pueden contribuir a la oligopolización de la economía.
La importación de alimentos no debe continuar siendo instrumento fundamental de contención de presiones inflacionarias.
La apertura al capital extranjero, sujeta a restricciones y condicionamientos, moderniza el aparato productivo, irriga de recursos la economía, incorpora tecnología, atrae mano de obra y establece canales de comercialización externa.
La reducción del ahorro interno, la disminución en las inversiones, la cultura del consumismo, las altas tasas de interés, las fluctuaciones de las tasas de cambio y, entre otros factores, la evasión y el fraude generan efectos perversos en los procesos de crecimiento económico.
El fomento de la educación, la cultura, el conocimiento científico y la investigación promueven el desarrollo integral del recurso humano en un entorno social y económico cada vez más exigente.
El desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente son componentes fundamentales en la relación costo-beneficio a largo plazo. La aplicación de las denominadas "tecnologías extenuantes" en la explotación de los recursos naturales, con criterios esencialmente rentísticos, riñe con los patrones de racionalización que rigen la modernización de los procesos productivos de largo aliento.
El enorme flujo de recursos ilegales provenientes del narcotráfico a la economía ha producido un efecto altamente nocivo y distorsionador de nuestra realidad social y económica; ha generado corrupción, descomposición moral, aislamiento y violencia. El proceso de incorporación a la economía globalizada pasa por la inaplazable extirpación de este flagelo de la vida nacional.
El cumplimiento al pago de la deuda externa no debe, de ninguna manera, comprometer recursos del sector social, cuyo porcentaje de participación en el presupuesto nacional debe elevarse a niveles de equilibrio con las demandas sociales.
El proceso de globalización somete al torbellino de las fuerzas centrífugas de la economía mundial a actores económicos altamente competitivos. Nuestra inserción gradual y exitosa en este proceso estará determinada sólo pr una etapa previa de modernización del aparato productivo, que augure altos niveles de productividad hacia el futuro.
Desde luego, las anteriores previsiones no nos apartan y menos se oponen al rumbo de las corrientes ideológicas y progresistas que se imponen en el pensamiento económico de la opinión mundial. Al contrario, orientamos nuestras posiciones hacia la formulación de planteamientos teóricos, prácticos y programáticos que permitan rediseñar los escenarios políticos, económicos, sociales y culturales de la vida nacional, en procura de lograr una integración, lo menos traumática posible, con el fenómeno imperante e incontenible de la globalización.
Nuestros reparos al modelo neoliberal aparecen comentados ampliamente en la propuesta sobre "un nuevo modelo de desarrollo", cuyos contenidos no sólo consultan las falencias, debilidades e inconveniencias del esquema de desarrollo vigente, sino que además plantean la confrontación con las tesis estatistas defendidas por las Farc, reveladoras de una abierta oposición a la reducción del amplio espectro de las competencias estatales y al proceso de internacionalización de la economía. Precisamente con respecto a esta temática nos preguntamos si ¿acaso los miembros de las Farc desconocerán, para su conveniencia, que fue bajo los auspicios del Estado "empresario" regulador, proteccionista y fuertemente intervencionista -por el que ellos abogan- como proliferaron la injusticia social, la corrupción, el clientelismo, el saqueo, los monopolios económicos, la violencia y otra serie de infamias? ¿Será que olvidan que por la vena rota de los mismos monopolios industriales y comerciales del Estado "empresario" que las Farc defienden, se colaron enormes sumas de dinero, privando al pueblo de los recursos públicos destinados tanto a atender el gasto social, como a garantizar la protección de los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad, contra los cuales atentan diariamente las guerrillas?
Se dirá, como en efecto lo han dicho, que las Farc aspiran a arrebatarle a la élite oligárquica el poder omnipotente del Estado, para entregarle dicho poder al pueblo. Nos preguntamos: ¿cuál pueblo, si no es el mismo que ellos han masacrado con las bombas terroristas a nombre de una revolución fracasada? Seguramente pretenderá la guerrilla de las Farc, que el pueblo transe, por físico temor y fatiga de la guerra, a aceptar la imposición violenta de de su modelo dictatorial de Estado, cuando en el mundo entero no existe actualmente un solo proceso de involución hacia las tiranías marxistas, en contraste con el avance progresista que acusan reconocidas economías socialistas en proceso de transformación hacia economías de mercado, como es el caso de la China comunista, para citar el ejemplo más elocuente.
En todos los escenarios políticos e ideológicos han justificado su guerra terrorista, fatigando a los auditorios con la misma cantinela, evidenciando que no se resignan a aceptar el fracaso del comunismo como modelo de gestión económica en los países de la Europa del Este, y no conciben los signos progresistas y renovadores de la social democracia occidental, en torno a la institucionalización de valores tales como Autoridad con democracia, defensa de los derechos humanos, sociedad civil activa, derechos con responsabilidades, equidad económica, Estado social inversor, libre empresa sin monopolios públicos ni privados, medio ambiente, familia democrática y nación cosmopolita. Es decir, para las guerrillas marxista-leninistas, los nuevos rumbos del pensamiento político y económico a escala mundial se oponen a las seudoluchas nacionalistas, populistas y de liberación con las que han pretendido sustituir la derrota de las doctrinas marxistas, para dotar de pretextos y "justificaciones" su guerra criminal contra la Nación entera.
El pueblo propende por la paz pero sin chantajes ni humillaciones, porque ¿cuál sería su fatalidad si nos quedáramos, como lo dijo Churchill, con la humillación y con la guerra? Este conflicto, degradado hasta el extremo por la sofisticación perversa de métodos brutales de guerra irregular planteada y desatada por la subversión, no lo ha prolongado la guerrilla bajo la expectativa , frustrada por el pueblo, de la conquista del poder, sino por la evidente concurrencia de otros intereses criminales, sobre los cuales campea omnímodo el negocio lucrativo del narcotráfico, del secuestro extorsivo y del saqueo a las instituciones públicas.
Salta a la vista, entonces, que esta guerra crónica ya no está determinada por la conquista del poder del Estado, sino por el dominio del poder territorial y de las estructuras de poder local, como escenarios indispensables para la ejecución y proyección de estos intereses criminales contra la población civil.
IV. Travesía por los caminos de la paz
El prolongado y complejo proceso de surgimiento, organización y consolidación del movimiento nacional de autodefensas campesinas, se caracterizó por una dinámica muy accidentada de retrocesos, descomposición, parálisis, avances, disoluciones y resurgimientos; dinámica propia de una organización cuya génesis fue fundamentalmente espontánea y dispersa, ubicada cronológicamente en una época muy traumática de la vida nacional, época caracterizada por el auge del narcotráfico, el desviacionismo político e ideológico de las guerrillas con su enorme carga de violencia contra la población y la crisis institucional de autoridad y justicia, de inmenso impacto para la seguridad, la estabilidad y la paz.
Sobre este escenario de desinstitucionalización y descomposición social, la exacerbación de las contradicciones de orden político, socioeconómico y cultural, fueron progresivamente configurando el perfil político de un actor armado organizado. Actor que inicialmente había irrumpido en el teatro de la contienda civil, bajo formas aisladas de ejercicio del derecho universal de legítima defensa, recordando los modelos de resistencia civil, característicos de la violencia de las décadas de los años cincuenta y sesenta, a la que ya hicimos referencia.
El proceso de construcción de consensos regionales alrededor del proyecto militar antisubversivo originó la integración, cada vez más acentuada, de componentes de identidad, solidaridad e integración, a partir de los cuales el movimiento de autodefensas construyó autonomía organizativa y legitimidad política en ámbitos geográficos perfectamente focalizados. En el marco de estos primeros escenarios regionales de lucha antisubversiva armada se desató, por varios años, una cruenta guerra de disputa territorial y posicionamiento político, de inefables consecuencias sociales y económicas para la población civil. El balance estratégico de esta confrontación amplió el espacio social y político del movimiento antisubversivo y determinó su presencia definitiva como tercer actor.
Replanteado el conflicto, la confrontación civil armada se desarrolló dentro de un confuso universo de violencias con intereses políticos y económicos de la más variada índole, que enrarecieron y confundieron las esferas de acción de la delincuencia política y la delincuencia común. Esta circunstancia generó una furiosa ola de violencia sin precedentes en la historia del país, potenciada y patrocinada principalmente por el aparato terrorista del narcotráfico a la cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez. Colombia úan no se recupera del espectáculo de horror y barbarie de aquella época de infamia y vergüenza que segó valiosos proyectos de vida, e hirió de muerte la dignidad de la Nación.
El accionar de actores violentos en un escenario que los expertos han denominado de "violencias cruzadas" fue particularmente crítico en el campo de la violencia política, determinada fundamentalmente por la confrontación armada entre los interesos económicos y estratégicos de los grandes narcotraficantes y los intereses de la misma índole de las facciones guerrilleras de las Farc. Estas dos organizaciones se unieron en varias ocasiones y pactaron en Casa Verde (Uribe-Meta) a mediados de la década de 1980, un acuerdo en el que participaron, de un lado, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, y del otro, Gonzalo Rodríguez Gacha. Los contenidos centrales del citado acuerdo establecían una serie de parámetros, cooperaciones, compromisos y condiciones relacionados con la elbaoración, protección, administración, coparticipación y control de las transacciones de la producción de grandes complejos cocaineros, ubicados unos, y posteriormenete construidos otros, en extensos territorios de absoluta influencia de las Farc. La posterior determinación de la guerrilla de romper unilateralmente los acuerdos con el "Mejicano" a fin de asumir directamente el manejo de la producción, distribución y comercialización de la droga, con exclusión del socio de la víspera, conllevó a una fatal venganza, en la que la competencia feroz por la primacía del "negocio" marchó a la par con el desbocamiento de una ola de asesinatos selectivos, que cobraron su mayor saldo de víctimas en miembros de la Unión Patriótica, muchos de los cuales cayeron ignorantes de la existencia y rompimiento de este corrompido pacto. Nada ni nadie de quienes se opusieron a los intereses de esta guerra fratricida subsistió. Uno de tantos lo fue Pablo Emilio Guarín Vera, miembro fundacional del movimiento de autodefensa campesina del Magdalena Medio, quien no obstante su posición públicamente antisubversiva, entrelazó una aguda controversia con Rodríguez Gacha por su pretensión de penetrar, usufructuar y narcotizar la organización campesina para sus propósitos criminales. Quede como constancia para la historia de la impunidad reinante en este país que, a pesar de los atentados violentos de las guerrillas contra sus positore y de haber asumido las Farc una actitud de consentimiento con la autoría de la muerte de Guarín Vera, éste fue vilmente asesinado el 15 de noviembre de 1987 por alias "Pedro", sicario que recibió la orden expresa de Rodríguez Gacha.
Y es que las fluidas relaciones de la guerrilla con el narcotráfico no sólo tienen antecedentes en la suscripción del mencionado acuerdo, de cuya existencia tuvo prueba documental y pleno conocimiento el periodismo colombiano, el gobierno nacional y la DEA; sino que, además, existen pruebas irrefutables de casos como el del señor Carlos Lehder Rivas, quien en su condición de prófugo de la justicia recibió refugio y protección durante un largo período, de los frentes guerrilleros del desaparecido M-19, organización que también celebró pactos secretos con el desaparecido narcotraficante Pablo Escobar, quien ofreció a los dirigentes del M-19, la suma de un millón de dólares para asesinar la maestro Alejandro Reyes Echandía, y un millón más por destruir los archivos procesales relacionados con la extradición, acción mercenaria que desembocó en lo que el mundo conoce como el "holocausto del Palacio de Justicia".
Así mismo también fueron estrechas las relaciones de Pablo Escobar con el Eln, a quien pagó una gruesa suma de dinero en dólares para que éstos contactaran a Diana Turbay para una supuesta entrevista con el Coce, y que resultó ser un señuelo para que los sicarios de Escobar la secuestraran y asesinaran posteriormente. La relación del Eln con el narcotráfico no se queda allí: años después, por encargo de otros narcotraficantes, asesinaron a los catedráticos y dirigentes políticos Darío Londoño Cardona y Arlén Uribe. Lo anterior por citar sólo algunos casos, pues posiblemente los colombianos podemos soportar tantas verdades, pero una sobredosis de verdad podría despertar viejos odios.
La amenaza latente de la extradición y la contraofensiva del Estado para restablecer el orden público tuvo, como respuesta inmediata del narcoterrorismo, una terrible avanzada criminal en escenarios urbanos contra la población civil, contra la dirigencia política tradicional, contra el establecimiento institucional y contra sectores de opinión independientes. En estas circunstancias la acción del Estado no podía dar tregua. Sin embargo, el rigor de la misma condujo a la expedición de una serie de medidas extraordinarias en 1989 y 1990, que no sólo se dirigieron a desactivar el aparato narcoterrorista del cartel de la droga, sino que se extendieron abarcando materias tan amplias en su espectro represivo que derogaron las normas sustentatorias de legalidad de las organizaciones antisubversivas de autodefensa campesina y convirtieron arbitrariamente a éstas en sujetos procesales hacia el futuro, de las acciones penales que en esa época coyuntural se establecieron para conjurar y reprimir las actividades narcoterroristas del Cartel de Medellín. Aún hoy, esas normas incorporadas como legislación permanente son invocadas y aplicadas por el Estado como instrumentos de represión, criminalización y penalización contra el movimiento antisubversivo, a pesar de la ostensible improcedencia jurídica y de la atipicidad de las conductas derivadas de la lucha antisubversiva que, como tipos penales autónomos, no figuran en la codificación punible vigente. Con base en esta legislación penal se juzga actualmente a más de setecientos prisioneros de las Autodefensas, mientras la subversión sindica a las AUC de ser paraestatales.
En medio de la coyuntura narcoterrorista, las acciones violentas continuaron su curso. La perspectiva de una acción negociada comenzó a abrirse caminos a través de la formulación, por parte del Gobierno, de la "iniciativa de paz" que permitió la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre los cuales figuarba el M-19, en franca decadencia política y militarmente derrotado, y del Epl con una enorme influencia presencial en Urabá. Las Farc y el Eln, agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, después de algunas tentativas fracasadas de negociación, imputables más a la intransigencia que a un firme propósito de paz, optaron por la continuidad y expansión de su guerra contra el pueblo, y pasaron a disputarse los nichos territoriales de las guerrillas desmovilizadas del Epl.
Al hacer referencia al proceso de desarme y desmovilización del Epl, apostado en la región de Urabá, cabe anotar la importancia política, sindical y militar que, durante varios lustros, representó para el Partido Comunista Marxista-leninista la presencia de estas guerrillas en la zona, y el consecuente descalabro político que también para ese partido significó la disolución de su brazo armado y la posterior conversión de sus huestes en el partido político Esperanza, Paz y Libertad. Movimiento de profunda raigambre democrática y progresista, y con amplia audiencia en el gran Urabá, a pesar de la sistemática eliminación física de que fueron víctimas centenares de sus familiares, a quienes se los acusó de traidores de la causa revolucionaria, de apóstatas y vendepatrias, en el marco de una campaña de exterminio genocida emprendida por las Farc y el reducto supérstite del solitario Caraballo, con la complicidad criminal de destacados dirigentes de la Unión Patriótica, hoy en día algunos de ellos en la cárcel, y los demás huyendo de la justicia.
Planteada la desmovilización del Epl en la región de Urabá, el movimiento de Autodefensas Campesinas, a la cabeza del legendario comandante Fidel Castaño Gil, tomó la determinación, a comienzos de la presente década, de disolver la organización a su mando y de hacer entrega de las armas, como gesto supremos de reconciliación patriótica y aporte a la pacificación de una región, por largos años sometida al yugo de la opresión guerrillera y afectada por la devastación de una guerra que no merecieron jamás sus heroicos habitantes. La entrega de los fusiles y el proceso de desmovilización de Autodefensas de Urabá estuvo precedido de la parcelación y adjudicación de más de 20.000 hectáreas de tierra exigidas a los propietarios y entregadas a los campesinas, colonos y guerrilleros reinsertados, y del compromiso del gobierno nacional de realizar enormes inversiones en los sectores económico y social, así como de proveer la infraestructura institucional requerida para el fortalecimiento de la justicia y la seguridad en la región. En gran medida, como siempre, el Gobierno incumplió.
La desmovilización de las Autodefensas de Urabá tuvo una gran incidencia sobre el movimiento de Autodefensas del Magdalena Medio, en razón del enorme prestigio, autoridad, respeto y trayectoria de lucha antisubversiva de su Comandante en Jefe Fidel Castaño.Desde Puerto Boyacá las Autodefensas seguían, con gran interés, el proceso de Urabá. Esta Autodefensa regional, después de la muerte de Pablo Guarín -su guía y ideólogo- se hundió en una espantosa crisis interna producto de la confluencia perversa de los intereses contra-guerrilleros del narcotráfico por motivos y disputas económicas, y los intereses antisubversivos de las autodefensas por motivos políticos. La solución a esta grave crisis interbna, que tuvo como telón de fondo inicial el asesinato de Guarín Vera y posteriormente la muerte de su máximo comandante Henry Pérez, ambos a manos del narcotráfico, no pudo ser otra que la de plantear la desmovilización y el desarme, para lo cual existían, como antecedentes favorables, el exitoso proceso de Urabá, por un lado, y, del otro, la promulgación, en el gobierno del Doctor César Gaviria, de varios decretos-ley que consagraron prerrogativas de favorabilidad jurídica -como la excarcelación- para quienes decidieran abandonar las filas de las organizaciones armadas, entregaran sus armas y se reinsertaran a la vida civil bajo la promesa de la no reincidencia. Fue en el marco de estas circunstancias como, en diciembre de 1991, cerca de cuatrocientos hombres de la Autodefensa Campesina se desmovilizaron, entregaron el mismo número de armas y recibieron la promesa firme del gobierno nacional de adelantar un vigoroso programa de inversiones económicas y sociales en la región, asociado al compromiso del Estado de proveer protección y seguridad en las zonas más vulnerables a las acciones guerrilleras. Nuevamente, ahora en el Magdalena Medio, el Gobierno incumpliría.
Cuatro capítulos trascendentales ocupan la historia de los primeros años de la década del 90. En primer lugar, los aires renovadores de la apertura política y de los nuevos espacios institucionales, consagrados en la decimosexta Constitución Nacional por la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 1991; la iniciación y posterior fracaso de las rondas de negociación política con la Coordinadora Guerrillera en Cravo Norte, Caracas, y finalmente en Tlaxcala (Méjico); la superación de la violenta época del narcoterrorismo con la desaparición, en 1993, de su tenebroso inspirador; y la desmovilización, desarme y reinserción de las dos agrupaciones regionales de mayor importancia política y estratégica del movimiento de autodefensas campesinas.
En el marco de estos episodios históricos, el suceso de las fracasadas negociaciones que se adelantaron con la Coordinadora Guerrillera exige una mirada retrospectiva, que explica la génesis de posteriores acontecimientos vinculados con el conflicto armado interno. Tal como ocurrió en Centroamérica con El Salvador, aquí se adoptó el esquema de negociación en medio de la guerra, lo cual condujo a la denominada Coordinadora Guerrillera a arreciar sus acciones militares contra la población civil, para reforzar su posicionamiento político en la mesa y así aprovechar, de la mejor manera, la protección simbólica de la negociación, con miras al fortalecimiento y desdoblamiento exponencial de sus frentes armados. La intensificación de las acciones de guerra provocaría finalmente el rompimiento de los diálogos, con el consiguiente recrudecimiento de la escalada guerrillera a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir, la equivocada fórmula de negociar en medio de las hostilidades, que inicialmente ofició de instrumento de acercamiento entre las partes, se convirtió rápidamente en un vehículo de degradación y envilecimiento del conflicto, en el que las flagrantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, se constituyeron en patrones determinantes de peso, influencia y presión en la mesa de negociación.
En estas condiciones se da comienzo a una nueva fase de redefinición del conflicto, caracterizada por un proceso de expansionismo militar y de dominio territorial guerrilero, el cual demandaría la adquisición y modernización de su máquina de guerra cuyo financiamiento adicional no se encontraba ya en las transferencias provenientes de Cuba, Nicaragua, Libia o Europa del Este, sino que dependería de manera exclusiva nuevamente del narcotráfico y del secuestro extorsivo como fundamentales fuentes de ingresos.
El escenario predilecto de este desafío violento fue, entre otros, nuevamente Urabá, región codiciada principalmente por la guerrilla de las Farc para disputar acumulados políticos y territoriales de campesinos desmovilizados de la organización de Autodefensas y de ex guerrilleros reinsertados del disuelto Epl. El arbitrario expediente de las armas subversivas y su lógica de intimidación y terror, apuntó su acción hacia el control estratégico de los territorios locales, provocando una nueva guerra de agresión con múltiples y feroces operaciones de expoliación, castigo, exterminio y venganza contra la pacífica población. Sin embargo, las identidades políticas fuertemente arraigadas y cohesionadas en la memoria colectiva despertaron en las comunidades el sentimiento de legítima defensa de la vida, el patrimonio y la libertad. La expresión de este levantamiento de conciencia social, en un escenario pleno de soledad institucional, tuvo su máxima manifestación en el resurgimiento del movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, esta vez bajo los auspicios de un proyecto político-militar en ciernes, construido sobre un enorme escenario social, de cuyo seno surgiría una agenda nacional de propuestas sobre un nuevo modelo de Estado y de sociedad democráticos.
En plena fase de definiciones estratégicas, de posicionamiento político e ideológico en el conflicto y de construcción de organización social, el movimiento antisubversivo de Córdoba y Urabá registró el trágico episodio de la desaparición del Comandante en Jefe Fidel Castaño Gil, vacío de dolor que encuentra una atenuante con la decidida actitud de quienes recogemos sus banderas siguiendo el ejemplo de valor y consagración a la noble causa de la libertad por la cual ofrendara su vida mi hermano Fidel.
La Primera Conferencia nacional de organizaciones antisubversivas regionales aprobó el acta de constitución del movimiento confederado de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y dictó el estatuto de régimen interno. En desarrollo de la Segunda Conferencia, la Organización Nacional refrendó el marco ideológico que sustenta los principios sobre los cuales apoya su filosofía el proyecto político de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Además, al término de estos debates, la Conferencia hizo las siguientes declaraciones:
La Organización de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, es un movimiento político-militar antisubversivo de resistencia civil, portador de un proyecto político que defiende y representa los intereses de los sectores populares y medios de la sociedad nacional.
La legítima defensa, personal o colectiva, es una institución de derecho natural anterior al derecho positivo. Por lo tanto es inviolable, universal, imprescriptible y de vigencia perenne.
La violación de la preceptiva constitucional que le otorga al Estado las responsabilidades de defensa, protección y seguridad de los intereses individuales y colectivos deslegitima el ejercicio institucional del monopolio de las armas. Esta facultad delegada la reasume la sociedad.
La defensa institucional de la Unidad Nacional y de la democracia pasa a ser una obligación social de carácter general, imperativa y patriótica, frente a la amenaza incontenible de factores internos o externos dirigidos a destruir estos valores.
La desprotección estatal del derecho de propiedad privada, fundamento esencial del sistema económico vigente, legitima el derecho individual o colectivo de proveer su defensa.
El secuestro extorsivo es un delito contra la humanidad. La ineficacia e impotencia del Estado para eliminarlo de la vida nacional otorga derechos y deberes al ciudadano, semejantes a los que posee el mismo Estado para combatir ese flagelo.
La defensa e imposición de un proyecto político a través del instrumento armado induce a la adopción de mecanismos semejantes para oponer resistencia a la intimidación a la opresión. El uso de la violencia para la transformación de la sociedad es anacrónico, injusto, impopular, criminal y autoritario.
A la oposición armada de carácter político, el Gobierno implementa respuestas armadas y judiciales del mismo carácter. Pero, cuando las respuestas del Establecimiento son insuficientes para reprimir la oposición convertida en agresión contra el pueblo, la reacción armada de origen civil no sólo es legítima sino esencialmente política.
La reacción civil armada, sustento de la lucha antisubversiva, plantea una confrontación política y militar con las guerrillas, simultánea a una oposición política y estratégica frente al Estado.
El establecimiento de un nuevo orden político y socio-económico incumbe y afecta a toda la sociedad. Sólo un amplio proceso de concertación democrática por la vía institucional garantiza los derechos de participación y decisión de la comunidad nacional en la reforma de las estructuras del Estado. La exclusión política y social es altamente generadora de violencia.
Las abominables prácticas de clientelismo y corrupción de la gestión pública se traducen en instrumentos de desestabilización que agravan aún más la situación de desgobierno y descomposición social vigentes.
La solución política negociada es el único camino viable hacia la paz.
El movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, es tributario de una orientación ideológica absolutamente democrática y pluralista. Ha declarado su vocación de paz a través de inequívocos mensajes de reconciliación puestos a la consideración del gobierno, de los oponentes políticos armados y de la opinión nacional, en los cuales ha planteado, entre otras consideraciones, los siguientes puntos de vista:
La solución negociada a la actual confrontación incorpora necesariamente a la totalidad de los actores armados, incluido el movimiento antisubversivo, cuya desmovilización y desarme ya no son viables en los términos históricos de los anteriores procesos.
La negociación concertada conduce a una profunda reforma estructural, que no podría ser posible, por lo menos a mediano plazo, si se priorizan las soluciones militares.
La duración del proceso de negociación concertada está ligada a la voluntad política de las instituciones para adelantar de manera previa las grandes transformaciones del Estado, sin esperar necesariamente la evacuación del orden del día de una agenda temática.
La credibilidad y respaldo de la sociedad al proceso de negociación depende de la voluntad de los actores para generar un clima humanitario mínimo. Se impone, entonces, el replanteamiento prioritario del esquema de negociar en medio de la guerra, pues la injusticia de los medios utilizados en ella hace cada vez más ilícita la invocación de causas u objetivos justos.
La guerrilla no representa a la sociedad nacional. La lógica unilateral e intimidatoria de sus armas no puede imponer cambios que afectan los destinos futuros de toda la comunidad nacional. Un proceso de concertación democrático es el único instrumento que debe guiar las grandes transformaciones estructurales del Estado.
A la luz de los condicionamientos de la doctrina internacional, en las actuales circunstancias el único actor beligerante legítimo es el Estado nacional.
En todo proceso de negociación es imprescindible la definición de una clara estrategia de reglas, plazos, condiciones y responsabilidades.
La libertad de guerrilleros convictos de la ley penal por secuestro extorsivo, terrorismo y genocidio, a cambio de la liberación de servidores públicos inocentes, constituye un acto supremo de ilegalidad jurídica e impunidad, que termina por destruir la legitimidad que precariamente queda a las instituciones del Estado.
No desecharemos jamás los caminos alternativos que conduzcan al logro de la construcción de la democracia integral, como escenario fundamental de afianzamiento de la paz nacional. El pueblo no mereció jamás oficiar de víctima de este prolongado derramamiento de sangre inocente. La violencia es la gran partera de la historia, sentenció funestamente Marx. Después de 150 años, la violencia guerrillera es la gran partera de la historia... de la historia de la violencia de los hijos de la guerra. Sobre esta amarga relación de causalidad descansa la fatalidad de nuestra propia historia.
CARLOS CASTAÑO


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