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Tomando como base los datos que nos ofrece el censo de 1938 y circunscribiéndonos a la población mayor de 7 años en los departamentos, fuera de los territorios nacionales, encontramos que en Colombia hay 3’525.814 habitantes que saben leer y escribir por 3’104.920 analfabetos. Es decir, un 46.8% de la población mayor de 7 años para cuya desanalfabetización necesitamos la escuela primaria.

Si no se encuentra demasiado descaminado el razonamiento que acabo de perfilar, nadie podría tomar por ilusa la afirmación de que una intensa y organizada campaña en favor de la cultura primaria es condición sin excepciones para el desarrollo económico y técnico de nuestra riqueza agrícola. Todo lo cual obliga a reemplazar la devoción abstracta y bizantina por la real preparación de los hombres para su cometido social, que debe iniciarse en la escuela primaria.


En el funcionamiento de la escuela pública colombiana hay una verdadera sociedad anónima formada por la Nación, el departamento y los municipios, que se debate en medio de la incongruencia. Allí todos son responsables y ninguno tiene la responsabilidad. Su desarmonía, que va desde la dirección administrativa hasta lo económico como a lo pedagógico, se traduce en pugnas, formulismos, litigios y abandono de lo que debería ser el central objetivo de las actividades.


Es necesario, pues, trasladar la distribución de la educación primaria a zonas que consulten las exigencias esenciales. Que los municipios, los departamentos y la Nación tengan la obligación efectiva y no teórica, de dedicar un porcentaje a la educación primaria en general, y que esos dineros atiendan armónicamente, por medio de la centralización en los departamentos, y en un fondo común y autónomo, a las necesidades, fijando anticipadamente en la ley cuáles deben ser los exclusivos renglones a los cuales dicho fondo debe atender. (Informe del Ministro de Educación, 1940).

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