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Editorial

Asiste el país impávido al desplome de la justicia, todos los días con un escándalo mayor que el anterior, al punto de que como institución empieza a superar en desprestigio al vilipendiado Congreso de la República, lo cual es mucho decir.

Una nación sin pronta y debida justicia es inviable. Si bien es cierto que las tres ramas del poder público establecidas en nuestro ordenamiento jurídico son indispensables para la buena marcha del país, cuando la corrupción generalizada toca la justicia ya es el indicativo de un desplome gigantesco de las instituciones, con consecuencias que todavía no hemos medido.

Durante este tortuoso tránsito de las Farc a la legalidad, es usual que el común de las gentes se pregunte si las partes comprometidas en el Acuerdo, es decir el Estado Colombiano y las Farc, han cumplido con los acuerdos que permitirían el desmantelamiento de la máquina letal de guerra que las Farc estructuraron por más de cincuenta años.

Empecemos por el Estado. En nuestro ordenamiento jurídico, el Presidente de la República es el Jefe del Estado.

Somos unos asiduos observadores de los avances y retrocesos de los procesos de paz que se siguen con las Farc y el ELN.

Nos preocupa el tortuoso avance de los proyectos de ley que harán realidad los acuerdos de paz con firmados en el teatro Colón con las Farc.

No parecen avanzar las conversaciones con el ELN en Quito.

Ahora la guerrilla ha argumentado que el gobierno ha paralizado la siguiente fase que se había acordado, que es la de pedagogía y comunicaciones para la paz. No sin razón, ha expuesto el jefe del equipo negociador del gobierno nacional Juan Camilo Restrepo, que es muy difícil empezar una pedagogía para la paz, cuando el ELN insiste en su política de secuestros como medio para financiar sus actividades.

Por años los ríos de sangre que han enlutado a nuestro país se han atribuido a los grupos alzados en armas, a las guerrillas a los paramilitares, que no hemos sido más que campesinos oprimidos y marginados que decidimos empuñar las armas para defender nuestros derechos con discursos políticos que tienen más de común que de diferente. Pero tras décadas de violencia, hoy hemos identificado el enemigo más PELIGROSO de la paz en Colombia: LA CORRUPCION.

Noticias AGC

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