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Durante este tortuoso tránsito de las Farc a la legalidad, es usual que el común de las gentes se pregunte si las partes comprometidas en el Acuerdo, es decir el Estado Colombiano y las Farc, han cumplido con los acuerdos que permitirían el desmantelamiento de la máquina letal de guerra que las Farc estructuraron por más de cincuenta años.

Empecemos por el Estado. En nuestro ordenamiento jurídico, el Presidente de la República es el Jefe del Estado.

Ello quiere decir que a pesar de que existe la separación de poderes, corresponde al Jefe del Estado articular la acción del mismo, las políticas públicas, los planes, programas y proyectos. Sin embargo, en nuestro país las cosas no funcionan así. Aquí hay una gama alta de interpretaciones, de intereses, de grupos de presión, que hacen letra muerta este hecho legal.

En efecto, la Corte Constitucional prácticamente desbarató la posibilidad de que se construyan caminos rápidos para volver realidad lo dispuesto en los Acuerdos, al anular el fast track. Siguió el turno del Congreso de la República, que ha estado trabajando a media marcha, incluso antes del pronunciamiento de la Constitucional en contra del fast track, y con mucha más razón ahora. Ni que decir de las posiciones del Fiscal General y del Procurador sobre aspectos de la Jurisdicción especial de paz, con los que han sido particularmente críticos.

A la Unidad Nacional se le han empezado a caer sus cimientos. Ya Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, anunció que votará negativamente la Reforma Política y todo lo referente a la nueva Ley de Tierras, que son pilares de los acuerdos. El Partido Conservador ha dispuesto que haya libertad de votos en su bancada, lo que implica que cada parlamentario obrará según sus conveniencias del momento. El Partido Liberal tiene en algunas de sus figuras un apoyo fuerte de los acuerdos, pero en otros casos no, como el caso de las senadoras Viviane Morales y Sofía Gaviria, más próximas a las posiciones del Centro Democrático que a las de su Partido.

El único firme sigue siendo el Partido de la U, pero con sus votos y los contados del Partido Liberal no alcanza para votar afirmativamente tantas leyes que deben hacer curso en el Congreso.

De manera pues que a pesar de la voluntad del Ejecutivo, con ella sola no basta para concretar los acuerdos en leyes, que tengan la fuerza necesaria para continuar avanzando.

Todo lo anterior, muy a pesar de que la Constitución colombiana, dispone en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber de obligatorio complimiento. Igual cosa no piensan dos compontes del Estado, el poder legislativo y el poder judicial.

La situación aún no ha tocado fondo, pero puede llegar a hacerlo de continuar el camino por donde peligrosamente se transita.

En cambio, en el lado de las Farc han cumplido hasta ahora con el espíritu de los acuerdos, pese a detalles anecdóticos como el decomiso de diez mil dólares a unos guerrilleros que se dirigían a la ciudad de Neiva para el San Pedro.

Todos los organismos que le hacen monitoreo y seguimiento a dicho cumplimiento así lo certifican, según múltiples reportes emitidos desde las zonas veredales. Desde finales del año pasado empezaron a abandonar las zonas en donde por muchas décadas hicieron presencia, y se están desarmando efectivamente.

La situación podría cambiar positivamente, si hubiera un movimiento social de gran envergadura que apoyara el proceso, y que se manifestara activamente a su favor, mediante la movilización.

Las fuerzas políticas que respaldan los acuerdos, los organismos sociales de base, y el propio gobierno, deberían conformar un frente único para que se puede secundar efectivamente los pasos que como sociedad deben darse para apuntalar el proceso.

Sería muy triste que se diera al traste con este esfuerzo de paz, no solo por no incluir a todos los actores armados que hacen parte del conflicto social y armado del país, sino por la falta de voluntad del Estado y la sociedad de cumplir con la palabra empeñada.


Montañas de Colombia, junio 23 de 2017

Equipo Político AGC

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