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Asiste el país impávido al desplome de la justicia, todos los días con un escándalo mayor que el anterior, al punto de que como institución empieza a superar en desprestigio al vilipendiado Congreso de la República, lo cual es mucho decir.

Una nación sin pronta y debida justicia es inviable. Si bien es cierto que las tres ramas del poder público establecidas en nuestro ordenamiento jurídico son indispensables para la buena marcha del país, cuando la corrupción generalizada toca la justicia ya es el indicativo de un desplome gigantesco de las instituciones, con consecuencias que todavía no hemos medido.

Ya ni sabe un colombiano del común que caso citar para demostrar que el inmenso desprestigio en que ha caído la justicia es a toda luces merecido.

El último caso descubierto en el Meta ya raya en lo inverosímil : si se tiene dinero puede accederse al combo completo de Magistrados de los Tribunales, Jueces, Fiscales, Investigadores, y si algo sale mal, para eso están los abogados del Inpec que procuran una estancia cómoda en las cárceles del corrupto sistema penitenciario, o en la concesión de mansión por cárcel, como sucede con delincuentes de todo pelambre.

Ahora ha denunciado el Fiscal Nestor Humberto Martínez, que el sistema acusatorio, el cual se adoptó sin estar preparados para ello, está a punto de colapsar, como si faltara un condimento más que agregar a este explosivo coctel.

O sea con operadores judiciales corruptos, abogados aún más corruptos, y procedimientos judiciales que no funcionan, la justicia colombiana es una mascarada, al servicio de los más fuertes económicamente. Nunca mejor aplicado el viejo adagio popular de que la justicia es para los de ruana.

Los sistemas de control que en teoría debe asumir el Consejo Superior de la Judicatura son absolutamente insuficientes, como lo prueba la corrupción generalizada.

Peor aún, son los miembros del poder judicial encabezados por los Magistrados de las Altas Cortes, los que se han negado reiteradamente a reformarse. Es obvio que si el ineficiente sistema imperante les proporciona poder, influencia y dinero a manos llenas, no van a matar la gallinita de los huevos de oro.

Ahora que tanto se habla de postconflicto, sin estar verdaderamente en él, creemos indispensable que se aborde con seriedad las urgentes reformas que la justicia como Institución requiere.

Ya hay prácticamente un consenso en la sociedad sobre la necesidad de hacer las grandes cirugías que pide a gritos la justicia colombiana. De la indignación debe pasarse a la acción. Pero las malas noticias son que estamos en un año preelectoral, y el tema de las reformas a la justicia solo se encarará, si es que se hace, en el segundo semestre del 2018.

Mientras tanto, y de eso nadie se asombre, continuarán los escándalos, que al paso que vamos son solo los más grandes, porque la pequeña corrupción cotidiana seguirá como hasta ahora.

Difícil creer en estas instituciones. ¿Cómo va a estar un país en paz si las normas legales más elementales no se cumplen? A la incompetencia y autismo del Estado se adiciona el hecho de que muchas veces cuando llega no es para mejorar, sino para empeorar la ya de por sí complicada situación de los más pobres.

Y todavía muchos ingenuos se preguntan por los porqués de la persistencia del conflicto armado. La justicia es un elemento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera y la consolidación de los acuerdos que se adopten.

Un sistema de justicia desgreñado y a menudo arbitrario, dará al traste con cualquier esfuerzo que se haga para desactivar el conflicto colombiano. Así de claro. Así de grave.

Montañas de Colombia, julio 17 de 2017


Equipo Político
Autodefensas Gaitanistas de Colombia

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