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No debería causar ninguna sorpresa la terrible situación de las fronteras con Venezuela y Ecuador, en el Catatumbo y en el Sur (Nariño y Putumayo) respectivamente.

Decimos que no debe haber sorpresas porque el abandono estatal ha sido de tal magnitud, que al Estado lo han suplido los grupos armados irregulares, que han proporcionado no solo seguridad, si no que de facto se convierten en verdaderos reguladores de la vida cotidiana de las comunidades.

Cada tanto, desde Bogotá se dan golpes de pecho y se preguntan por qué se ha llegado a tal situación en zonas tan alejadas de la capital.

La verdad es que se tienen que vivir verdaderas catástrofes humanitarias para que el poder central se digne poner su distraída mirada en estas zonas en donde solo habitan pobres y en donde cada cual vive del rebusque y la mayoría de las veces, de las economías ilegales que puedan ser rentables. Ahora es el turno del Catatumbo y el Sur, como ya lo han sido Arauca, el Chocó y hasta la muy lejana frontera con el Brasil.

Las sociedades y las economías, por rudimentarias y atrasadas que sean, no pueden vivir sin regulación y sin ley de ninguna clase. Allí es donde los grupos armados ilegales, y las consiguientes economías ilícitas, hacen su aparición. Así ha sido, y así seguirá siendo, por lo visto recientemente.

El ejemplo del Catatumbo es diciente. La ceguera del poder central quedó evidenciada con la negativa del alto mando militar de reconocer el hecho de que se ha estado presentando un conflicto entre el ELN y los reductos del EPL, en una zona que abarca más de once municipios, o sea, muy grande.

Ahora, de forma por demás tardía, han trasladado un contingente militar importante, con la intención de dominar la situación. Los noticieros han estado registrando por estos días la nula disposición de los habitantes a dar declaraciones y, mucho menos, a señalar culpables. Es una historia que, como decíamos, se repite cíclicamente, con variaciones en sus actores pero con las mismas causas y las previsibles consecuencias.

También de forma reiterada, los pocos líderes sociales que hablan, señalan que debe hacerse una enorme inversión social, a la par con las salidas meramente militares. Otra vez se han instalado mesas de trabajo para que determinen lo necesario, pero todo culminará cuando aminore la intensidad del conflicto, o haya un impacto mayor en otra zona,  y todo siga como hasta ahora, o sea, sin resolver las enormes encrucijadas sociales de la masa de campesinos pobres.

En las AGC lo hemos dicho con insistencia: si no se soluciona de forma satisfactoria la economía de las comunidades en las zonas de conflicto, éste persistirá. Si no hay infraestructura, educación, salud, vivienda, agua potable, las condiciones están dadas para que en grandes territorios los grupos armados sigan imponiendo su ley.

En su momento se lo dijimos al gobierno nacional, no como una condición nuestra para el acogimiento a la justicia, si no como un deber que creemos elemental: el propender por mejoras en la calidad de vida de muchas comunidades. Lo manifestamos cuando se firmó el acuerdo que permitió la desmovilización de las Farc. No solo nosotros. Las mismas comunidades han reclamado la presencia del Estado en todas las formas.

No hacerlo sería propiciar que el ciclo se siga reproduciendo, pero con más muerte y dolor para muchos colombianos humildes. Colombia ha invisibilizado a muchos de sus habitantes. Aquí también hay castas, y peor que la casta de los intocables en la India, es la casta de los invisibles, o sea, personas que no existen, que no cuentan y a quienes no se consulta a la hora de tomar decisiones. Mientras ese gigantesco error no se corrija seguiremos en las mismas.

Montañas de Colombia, abril 26 de 2018


Equipo Político AGC

Autodefensas Gaitanistas de Colombia - www.autodefensasgaitanistasdecolombia.org