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Como siempre hacemos ante los hechos más importantes del devenir nacional, guardamos un prudente silencio, antes de caer en juicios apresurados que, en lugar de contribuir, den más elementos para la confusión, lo que es una constante en nuestro país.

Pero ya no se puede ocultar la desgastante crisis que sufre el proceso de paz con las Farc, para infortunio de las zonas que ellos abandonaron. En los 170 municipios que de declararon como prioritarios para atenderlos y que hacían parte de su área de influencia, la situación de orden público hoy está deteriorada, con el índice de homicidios creciendo y muy por encima de los promedios nacionales, al elevarse un 28 por ciento, además de triplicarse el desplazamiento.

Cuando se firmó el acuerdo de paz, oportunamente señalamos que era necesario que el Estado ocupara con todos sus elementos, no solo con seguridad, si no con presencia institucional plena, todos los territorios que abandonaba la insurgencia, porque de lo contrario, grupos armados de muy variada procedencia iban a ocuparlos a sangre y fuego.

Lo decíamos por experiencia propia. Cuando las AUC se desmovilizaron, demasiado pronto llegaron a lo que fueran los territorios que dominaron, personajes armados con el ánimo de apoderarse de ellos para sus oscuros designios, lo que, entre otras, obligó a que nos rearmaramos, contituyéndonos en un nuevo grupo como AGC, justamente lo que está sucediendo en todo el territorio nacional con las llamadas disidencias de las Farc.

Y el incumplimiento no solo se da en aspectos de seguridad. Las zonas en donde se alojaron los excombatientes tardaron demasiado en construirse, y eso que hubo el tiempo suficiente. Tampoco arrancaron como debe ser los proyectos productivos que iban a permitir una vida digna para los desmovilizados de las Farc. Y si ese era el panorama en el gobierno anterior, en este todo tiende a agravarse aún más, porque el gobierno del señor Duque no siente como suyos estos acuerdos a los que por el contrario, prometió en campaña que los iba a modificar sustancialmente.

La situación de incumplimiento con los grandes proyectos de reforma que deberían emprenderse como producto del acuerdo en su gran mayoría han fracasado, o después de aprobadas en el Congreso las respectivas normas fueron modificadas por la Corte Constitucional, como en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz y los terceros que participaron en el conflicto.

Las curules para que la voz de las víctimas se oyera en el Congreso han contado con la cerrada oposición de la mayoría de la clase política, que anteponen sus intereses a cualquier otra consideración.

Es más, lo poco que se ha avanzado en materia de restitución de tierras, puede ser reversado, si son aprobadas las modificaciones que ha planteado la ilustre senadora María Fernanda Cabal.

Y así por el estilo con muchos más temas. Lo que hemos señalado no es nuevo, y no es la primera vez que hablamos de ellos. Es lamentable que en Colombia pareciera que no aprendemos de la experiencia. Los mismos errores que ya habían cometido en pasados procesos de Desarme, Desmovilización y Reincorporación han vuelto a acontecer. Avisado el Estado colombiano hasta la saciedad de que así iba a ser, entre otros por nosotros mismos, nunca se tomaron los correctivos del caso. Ahora estamos recogiendo lo que se sembró.

Cuando hemos reclamado garantías para estar en un proceso de acogimiento a la justicia colombiana, no lo hacemos por soberbia ni por proteger nuestros intereses como agrupación armada, si no para que no sigamos en las mismas arenas movedizas de siempre.

Montañas de Colombia, octubre 8 de 2018


Equipo Político
Autodefensas Gaitanistas de Colombia

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